RETORNO AL CAMINO DE LA REFORMA PROCESAL PENAL

Volviendo a un camino que el INECIP no dejó de desandar, a fines de junio y durante tres días, distintos actores del servicio de justicia penal de la provincia se dieron cita en la sede del Colegio de Abogados, en las “Jornadas de Discusión sobre Reforma Procesal Penal en Córdoba”. Esta reunión, que es la natural continuación de la discusión abierta por el Ministerio Público Fiscal en el Congreso de Reforma Procesal Penal de noviembre del año pasado, contó con las exposiciones de distintos miembros del poder judicial, de la academia cordobesa e invitados especiales de nuestro Instituto.

Tiempos de cambio

Afortunadamente la transformación de los sistemas de justicia procesales en toda la región ya no se manifiesta como una utopía, sino que es algo tangible. Se trata de un cambio en el que Córdoba decididamente tiene intenciones de formar parte. Las discusiones sobre la implementación de un nuevo modelo procesal penal se encuentran abiertas. Estos son los ámbitos propicios para lograr un mayor consenso entre un modelo de justicia penal que profundiza los alcances de nuestras democracias y los intereses de los distintos actores (Colegios de Abogados, Asociación de Magistrados, etc.), con participación de los miembros del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo y la sociedad cordobesa.
Hacemos nuestras las ideas de Gonzalo Rua y Alberto Binder -Director de Reforma Procesal Penal a nivel nacional, y Presidente, respectivamente, del INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales)-, sin dejar de destacar el decidido e imprescindible apoyo al proceso de reforma que han dado el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Sebastián López Peña, y el Fiscal General Adjunto, José Antonio Gomez Demmel; y las disertaciones positivas en temas puntuales, como las brindadas por José Ignacio Cafferata Nores, Victor Vélez, Marcelo Nicolás Jaime y Marcelo Hidalgo.

La oralidad como modelo de garantías

Gonzalo Rua enfatizó el rol de la oralidad como un modelo de garantías y como uno de los requisitos del republicanismo, que debe estar presente en el diseño e implementacion del proceso de reforma en la provincia de Córdoba.
Destacó que hablar de oralidad como metodología implica efectivizar los principios de inmediación y contradicción, y evitar la delegación de funciones. Sólo así la oralidad tomará su verdadera dimensión en los términos de un sistema adversarial. Hizo hincapié en la necesidad de extenderla a la etapa de investigación y no sólo durante el juicio; lo que en su momento fue un acierto del Código cordobés -juicio oral- y que hoy es una deuda del sistema de justicia.
Rua expuso sobre la tensión constante entre las viejas prácticas judiciales y aquellas que son propias de un sistema adversarial, y sobre la necesidad de detectar las prácticas ancladas en la lógica inquisitorial, para corregirlas y evitar que frustren el nuevo paradigma.
Conocedor de procesos de reforma en distintos países y provincias, Gonzalo Rua advirtió a los asistentes sobre el extenso y sinuoso camino por recorrer, no sólo ante un anteproyecto de reforma, sino también respecto al posterior código, y sobre el necesario compromiso de todos los actores.

La reforma y su diálogo con la realidad

Por su parte, Alberto Binder contextualizó los procesos de reforma en América Latina, y aportó ideas claves a tener en cuenta en el ineludible proceso de reforma procesal penal en Córdoba.
Binder, con base en su experiencia de treinta años de trabajo en la materia, expresó que en todo proceso de reforma, es necesario no distraerse con meros “problemas intraprocesales”, ya que se corre el riesgo de quedar atrapado en ellos, perdiendo de vista lo importante: los “objetivos o problemas políticos”, fundamentales en todo proceso de reforma.
El reconocimiento de los objetivos políticos de la reforma, tiene su origen hace ya tres décadas, en los inicios del movimiento reformista. Estos objetivos son: 1- la toma de conciencia de que la nueva democracia necesita construir nuevas herramientas para enfrentar los problemas de criminalidad y violencia; 2- que la sociedad democrática necesita nuevas herramientas para defender las libertades públicas; 3- una nueva sociedad democrática en América Latina necesita fortalecer la figura del juez; 4- que hay que comenzar a construir un nuevo diálogo entre el sistema judicial y la sociedad.
Estos cuatro objetivos políticos aparecen como la “gran virtud”, en cuanto a que han sido y deben seguir siendo los motores de las reformas procesales. Pero, a la vez, han sido su “gran maldición”: lejos de resolverse, se han ido agravando.
En esa línea analítica Binder clasificó la maduración del proceso de reforma en distintas “generaciones”, ubicando al actual sistema procesal penal de Córdoba en la primera de ellas -ruptura con el sistema inquisitorial-, y resaltó que en la actualidad en América Latina, e incluso en otras provincias argentinas, se viven procesos de transición hacia una tercera generación. Estos últimos se caracterizan por que el Ministerio Público asume una misión político criminal inteligente; se instala la oralidad de manera efectiva, necesitándose nuevas formas de enseñanzas y de perfeccionamiento tanto para litigantes como para jueces; la defensa pública inicia un nuevo diálogo con los Colegios de Abogados; y se toma nota que el jurado es gran aliado del juez.
Binder aplaudió el retorno de Córdoba a la escena de la discusión de la reforma procesal penal, e instó a aprovechar esta oportunidad histórica. Consideró que el anteproyecto de reforma procesal penal existente en la provincia, que es considerado por los propios operadores como un “parche”, puede ser en realidad una gran revolución en tanto constituya un cambio de paradigma. Sin embargo, condicionó esa impronta a “como sea el diálogo de éste con la realidad”, que es lo que marca a una ley, más allá de su mayor o menor extensión.

Eje central de la reforma

Y es en este punto donde nos queremos detener. En los procesos de reforma es importante la manera en que se implementan los cambios. Sin embargo, esto no debe implicar perder de vista los objetivos políticos que los impulsan. Ello es así, ya que por más que la reforma sea parcial, no debemos olvidar el eje central, que en este caso es: contar con un sistema adversarial con audiencias orales y públicas como metodología de toma de decisiones; generar nuevos estándares de participación de la víctima; modernizar los diseños institucionales y separar las tareas administrativas de las jurisdiccionales; dar un nuevo perfil al Ministerio Público Fiscal; desformalizar y desburocratizar el proceso; diversificar las respuestas que el sistema puede dar mediante la incorporación de criterios de oportunidad, salidas alternativas y tempranas, procesos simplificados, generando más y mejores respuestas en un proceso con mayor celeridad y de duración razonable; incorporar mecanismos de control de gestión judicial y de rendición de cuentas; profesionalizar las agencias investigativas, tanto judiciales como policiales; recategorizar y fortalecer el sistema de defensa pública.
Debemos poner todas nuestras energías para que, en la provincia de Córdoba, se implemente un Código que tenga en cuenta todas las generaciones de reformas procesales penales por las que atravesó y atraviesa America Latina y muchos lugares de nuestra república.
Que nuestro objetivo sea como dijo Binder, “una reforma procesal penal no ya de cuarta generación sino uno de quinta generación. De esta manera, Córdoba se colocará nuevamente a la vanguardia del procedimiento penal, como en algún momento lo estuvo”.

Inecip Córdoba – Área de Reforma Procesal